El ex alcalde, y ahora diputado en las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, sigue imputado. Es injusto. Llámese Luis Díaz Alperi o Antoñita la fantástica, no puede ser que una persona permanezca imputada año tras año (hasta seis prácticamente), con acusaciones del calado de las que se asocian al ex primer edil, sin que haya todavía una resolución (el caso Mercalicante explotó en julio del 2002). No puede ser que la juez solicite un informe pericial y transcurran los meses sin que pase nada, es decir, sin que el responsable lo entregue. Sólo hace quince días, La Verdad desveló que la magistrada que entiende del caso desde hace esos seis años -ahí está el problema- reclamaba al perito que entregara por fin la documentación requerida en un plazo de seis días. Y ha sido, una vez que la ha tenido sobre su mesa, cuando la señora Costa ha elevado al TSJ no el caso, sino la consulta sobre si es competente para continuar la instrucción. Ella cree que sí. Faltaría más.

Sólo hay que recordar que Luis Díaz Alperi es diputado autonómico, luego aforado, desde cerca ya de un año y medio, desde que fue elegido para integrar el parlamento de la valenciana plaza de San Lorenzo. Si hasta la presidencia de las Cortes se lo dijo expresamente a la juez en un escrito. Dicho de otra manera, se ha tardado todo este tiempo para finalmente hacer una consulta al Alto Tribunal con sede en la capital del Turia. No me dirán ustedes que el renovado Consejo General del Poder Judicial no podría darse una vuelta por Alicante para, al menos, ver qué ha pasado con semejante demora.

En definitiva, un despropósito detrás de otro. Y encima, para mayor cachondeo, la juez elude expresamente pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento. Pero es que hace un año ya le fue reclamada una decisión en este sentido, y no dijo nada. Ha sido ahora, doce meses después, cuando viene a decir que ni entra ni sale, que se pronuncien De la Rúa y compañía. Eso sí, como es Díaz Alperi el principal imputado, no hay problema. Aún así, como se encarga de recordar el veterano político, ha ganado dos elecciones con la escarapela judicial sobre su solapa, y no sólo una. Aún hay memoria para el archivado caso de los aparcamientos.

No es baladí esta reflexión porque, al margen de interesadas maniobras políticas, a ver quién asume la responsabilidad de este retraso, sea cuál sea su resultado final, aunque como sea archivado, les aseguro que alguno de los imputados volverá a los tribunales, pero a reclamar daños y perjuicios.

Y respecto al fondo de la cuestión, el debate gira ahora en torno sólo al informe del fiscal Felipe Briones, que irrumpe con fuerza de nuevo en el escenario mediático tras sus apariciones en la Vega Baja. Sus exhaustivas conclusiones, de cerca de 100 páginas y elaborado desde hace un año, fija en la comisión ejecutiva de Mercalicante el principio de todos los males que ha encarnado durante estos años el ex gerente José Emilio Clavero. A nadie se le escapa que no hubo control alguno durante meses de las presuntas sinvergonzonerías de Clavero, aunque no hay que olvidar que fue un consejo de administración quien descubrió y despidió al ejecutivo, allá por mediados del 2002. Hay en esta presunta omisión del deber una responsabilidad evidente, cuya tipificación penal o administrativa corresponde a los jueces y no a los periodistas, aunque alguno ya se encargó en su día de poner hasta los años de cárcel que le caerían al ex primer edil.

Pero Briones va más allá y no acusa a Luis Bernardo de no enterarse de las cosas, sino que le atribuye un delito societario al menos «por inducción o colaboración necesaria». Dicho de otra forma: el alcalde montó una comisión ejecutiva para llevar una gestión paralela a la del consejo de administración, según Briones.

Su informe deja al primer edil a los pies de los caballos que montan los magistrados del TSJ. En sus riendas está ahora la decisión, pero, por favor, tómenselo en serio y no tarden mucho en resolver, aunque haya algunos especialmente interesados en que el caso se eternice en los tribunales de Justicia.