I CASO MERCALICANTE I LA JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SEIS AÑOS DESPUÉS
Anticorrupción asegura que el ex alcalde configuró una comisión ejecutiva a su «medida y fácilmente manejable» «Conoció y autorizó las inversiones bursátiles» que realizó el ex director gerente, según concluye el Ministerio Público
AFORADO. Díaz Alperi, el día que declaró ante la juez. / A. D.
El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, ha sido determinante en la decisión de la juez Cristina Costa Hernández de pedir al Tribunal Superior de Justicia que asuma el caso Mercalicante. En un informe fechado hace un año pero hecho público ahora, el Ministerio Público reclama al alto tribunal que acepte la competencia de la investigación porque el ex alcalde y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, pudo cometer un delito societario al situar a la empresa pública «en causa de disolución por pérdidas que dejaron reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social».
Díaz Alperi, según Briones, configuró una comisión ejecutiva «como un instrumento a la medida y fácilmente manejable» que adoptó «decisiones al margen de los procedimientos que rigen el funcionamiento» de las mercantiles de capital público, «fuera de las sesiones de dicha comisión, sin su plasmación en acuerdos por escrito y sin someterse al control del Consejo de Administración».
Así, el entonces vicepresidente de la comisión, Juan Zaragoza, también imputado y actual concejal de Hacienda, firmó dos pólizas de préstamo con Caixa Catalunya por una cuantía total cercana a los cinco millones de euros en marzo y diciembre del año 2000 sin informar ni obtener la autorización del Consejo de Administración pese a que estaba obligado a ello por el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
En su informe, el fiscal anticorrupción explica que Zaragoza tenía una relación fluida» con el gerente de la empresa y principal sospechoso del desfalco, José Emilio Clavero. Hasta el punto de que una hija del concejal «trabajó por mediación del propio Clavero» tanto en Mercalicante como en otras dos empresas, Tenos y LAF.
La segunda de esas operaciones de crédito suscritas con Caixa Catalunya fue autorizada por el propio vicepresidente segundo de la comisión el 7 de diciembre del 2000, «tres días después de la sesión del Consejo de Administración que rechazó suscribir una operación de préstamo a medio o largo plazo».
Inversiones en bolsa
Además, «la casi totalidad de los 400.000.000 de pesetas (2,4 millones de euros) del préstamo suscrito en fecha 17 de marzo del 2000 fue destinado, durante varios meses, a su inversión en operaciones bursátiles», gestionadas por Clavero a través de la agencia Eurosafei, agrega Briones, que no descarta que Díaz Alperi pueda haber cometido también malversación de caudales.
Durante su declaración, el ex alcalde negó estar al tanto de estas inversiones bursátiles, que sirvieron presuntamente al ex gerente de la mercantil para desviar dinero a sus cuentas y comprarse un piso de lujo en la Diagonal de Barcelona. En cambio, La Fiscalía recuerda que quedaban recogidas en los informes trimestrales de gestión que Clavero entregaba a la comisión para concluir: «En las graves irregularidades descritas, la responsabilidad del aforado Díaz Alperi consistió en conocer y autorizar las inversiones bursátiles iniciales del director gerente».
La acusación pública destaca otras actuaciones de la comisión presidida por el ahora diputado que dañaron el patrimonio de la empresa mixta, entre ellas la autorización del arrendamiento de las naves Multiservicio y Frigoconservación «por un precio, no sometido a estudios previos de rentabilidad, ni a licitación previa y libre concurrencia, que no alcanzaba a cubrir el coste real de las obras» realizadas en ellas.
También se centra en los aumentos «desorbitados» respecto de los presupuestos inicialmente fijados para los contratos, que no contaron con expedientes de modificación ni acuerdos expresos que los avalaran. La juez Costa Hernández reproduce parte de estos argumentos en la «exposición razonada» en la que aprecia indicios de delito contra el aforado y pide al TSJ que decida sobre la competencia de la causa. No obstante, las partes personadas en la instrucción no disponen aún de ese documento.
