Por la vía urgente y sin pararse en las peticiones de la Vega Baja el Ministerio de Fomento ha iniciado el proceso de expropiaciones de terrenos para el tramo del AVE San Isidro-Orihuela. El área de la ministra Magdalena Álvarez sigue su camino y llevará el tren de alta velocidad por la comarca en taludes de hasta 14 metros de altura. El proyecto se modificó hace unos años y pasó de entrar en trinchera en la Sierra de Callosa a circular sobre barreras. La justificación del Gobierno fue que «se hacía de esta forma porque toda la piedra que se excavara había que darle una utilidad, y para eso se construían los taludes», aseguró el alcalde, Javier Pérez, quién se quedó asombrado por la última explicación que dio el Ministerio para cambiar el proyecto.

La noticia de las expropiaciones ha caído en la Vega como la gota fría en la Marina Alta. El anunció se publicó en el BOE el pasado viernes y los servicios jurídicos ya se han puesto a trabajar a destajo. Por una parte el Ayuntamiento prepara un recurso contencioso con una medida cautelar de paralización que se presentara en la Unión Europea. Por otra parte, los vecinos del barrio del Cementerio informarán a la Audiencia Nacional de que las obras llegan en un plazo inminente.

Último paso

La asociación 3 de mayo de Callosa solicitará que resuelva lo más pronto posible el contencioso que presentó a la Audiencia y que se replantee la paralización temporal, ya que «éste es el último paso antes de que comiencen los trabajos, entre las expropiaciones y las obras sólo hay meses de diferencia», explicó el servicio jurídico.

Por el momento el alcalde callosino todavía está a la espera de que el director general de Ferrocarriles le concierte una reunión para hacerle ver la viabilidad del trazado alternativo, el cual va soterrado por la vía actual y resulta más económico. Una negociación enquistada ya que el responsable de Fomento mantuvo que hasta que no se le permitiera hacer catas en la sierra de Callosa no habría reunión. Pérez propuso que hasta que no hubiera un compromiso de variar el trazado en una de la alternativas presentadas no dejaría excavar a las máquinas perforadoras. Pérez siempre ha mantenido que la formación rocosa es un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y sobre esta catalogación se han basado los recursos contenciosos, ya que «el tren pasaría por dentro de la sierra y afectaría a los recursos hídricos que hay en su interior», explicó el también el diputado provincial de Ciclo Hídrico. Los vecinos del Barrio del Cementerio defendieron que el Gobierno central «hace una interpretación simpática del LIC, porque dice que esta zona no se ve afectada, algo imposible con el túnel del AVE que trae consigo salidas de emergencia y tubos de ventilación».

El primer edil mantuvo que «esta situación tiene fácil solución, sólo falta que se ponga un poco de interés». La Conselleria de Infraestructuras iba a mediar entre ambas partes pero no ha conseguido sentar todavía a la administración central con la municipal. No obstante, el Gobierno puede hacer valer el interés general como hizo con la desalinizadora de Torrevieja, en la que se opuso el Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana y finalmente se ejecutó por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

En cualquier caso, alrededor de 300 propietarios de terrenos de San Isidro, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Redován y Orihuela ya están citados en sus respectivos ayuntamientos para finales de noviembre para tramitar las compensaciones económicas de los terrenos rústicos que pasarán a formar parte del Ministerio. Los propietarios tienen que presentar sus títulos para cobrar las compensaciones. Ahora los afectados tienen quince días para alegar a las expropiaciones forzosas, pero desde la asociación 3 de mayo se advierte que «en Villena llevan más de un año para ello y la vía ya estaba construida».