
La concejal socialista María Dolores Fernández se refirió así a la admisión de la denuncia presentada el pasado 6 de agosto por el PSOE contra las actuaciones relativas a la aprobación y ejecución del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 1 del citado plan.
En opinión del grupo socialista, estas actuaciones podrían ser constitutivas de presuntos delitos de prevaricación, fraude, estafa y tráfico de influencias.
Según dijo Fernández, la actuaciones municipales han mostrado «intereses contrarios a la legalidad y a los intereses públicos, infringiendo el ordenamiento con vulneraciones graves de los principios de objetividad y servicio al interés público a que está obligada la Administración, provocando daños al patrimonio público».
Fernández considera necesario que se investigue «si ha habido un perjuicio a los intereses públicos» y dijo que con esta actuación los socialistas tratan de «evitar futuros despropósitos».
















