Una obra que debía durar tres meses se ha prolongado en el tiempo y ha tardado dos años en terminarse. El por qué de esta demora y, sobre todo, por qué el Ayuntamiento no se ha acogido a la Ley de Contratos del Estado para penalizar a la empresa responsable es la pregunta que por escrito le ha planteado la concejal socialista Carmen Sánchez Brufal al concejal de Servicios y Mantenimiento, Andrés Llorens.

La concejal socialista denunció ayer que acaba de resolverse el contrato de renovación parcial de aceras en el barrio del Pla. En concreto en el entorno de las calles del Hospital Perpetuo Socorro y del Marq y las calles Barcelona y Antonio Maura en distintos tramos viarios. El pasado 11 de agosto la Junta Local de Gobierno aprobaba la última certificación. Y el 23 de mayo el Consistorio consideraba los trabajos efectuados «a satisfacción del Ayuntamiento». Sánchez Brufal denuncia que el pasado mes de julio la asociación de vecinos del Pla denunció numerosos desperfectos. «Parece que hay un desacuerdo entre lo que ve el Ayuntamiento y lo que ven los vecinos porque ellos dicen que no están bien terminadas las aceras», señala la concejal socialista. En concreto, en un escrito presentado por el presidente vecinal, Basilio Morón, se queja de la falta de bolardos para evitar que los coches aparquen y denuncian «baldosas sueltas de las calles Padres Esplá y General Elizaicin».

Por eso la edil pide en su escrito al concejal que acompañe a los vecinos en una visita por el barrio para comprobar los desperfectos que ellos han encontrado en esta obra y de paso, que conozca las necesidades de esta zona. La edil incide en que todavía hay un periodo de garantía de un año de la actuación y sería bueno que el Ayuntamiento viera los defectos que han encontrado los vecinos para exigir a la mercantil que los repare.

Coinger Empresa de Construcción ha sido la mercantil encargada de ejecutar la actuación por 144.500 euros.

«Tónica general»

La concejal incide en el hecho de que la obra tenía un periodo para llevarse a cabo de tres meses e indica que se adjudicó el trabajo en octubre de 2006. «Esto no es un caso único sino una tónica general», critica Carmen Sánchez Brufal, «por eso vamos a pedir explicaciones al área porque no sólo no están contentos los vecinos sino que no se ha aplicado la Ley de Contratos del Estado que permite sancionar a la empresa por su incumplimiento». La edil considera que esta situación es achacable «a la mala gestión que hacen del dinero que sale de los bolsillos de todos los alicantinos»