El fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza, se ha dirigido a la Autoridad Portuaria para que aporte toda su documentación «detallada» sobre las descargas de clínker y carbón en el muelle 17, dentro de la investigación que reabrió el Ministerio Público tras un informe del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el que se alertaba de que ciertas partículas excedían de los límites reglamentarios.

Estas diligencias, junto con el citado informe del Seprona, que ya adelantó este periódico, serán fundamentales para que el Ministerio Público pueda imputar a la Autoridad Portuaria por un presunto delito medioambiental en la descarga a granel en la ampliación portuaria en San Gabriel, tal y como denunciaron en su momento los vecinos de Gran Vía Sur Puerto.

En su momento, la Autoridad Portuaria ya ratificó su política medioambiental. La entidad que preside Sergio Campos ofreció en el consejo de administración de julio un informe detallado de todas las medidas medioambientales adoptadas en las operativas de carga, descarga y manipulación de mercancías a granel que se llevan a cabo en el muelle 17, siguiendo el diagnóstico medioambiental realizado entre 2005-06, según el comunicado que en su día emitió la entidad. La Autoridad Portuaria esgrime que los altos niveles de contaminación detectados por la Guardia Civil se produjeron porque «Alicante sufre durante cuatro o cinco días al mes la intrusión de vientos saharianos, lo que supone la invasión de una nube de polvo que se va intoxicando por la aridez de la zona, su escasa cobertura vegetal, la manipulación de áridos, canteras, etcétera». Sin embargo, en este comunicado, Sergio Campos destacó que «no se trata de una contaminación peligrosa, de hecho Alicante no registra índices de enfermedades peligrosas».

Ahora, el fiscal pide conocer la memoria medioambiental de la Autoridad Portuaria, que contrastará con los informes de la Guardia Civil. Paralelamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante también ha abierto diligencias de investigación al tener conocimiento de los datos aportados por el Seprona.

Otra instancia relativa al tema también irá a parar al Ayuntamiento, para que aporte toda la documentación que tenga. Al respecto, el alcalde, Luis Díaz Alperi, ya dijo que tenía conocimiento de que las condiciones de las descargas «no eran las mejores» e instó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a que se intentara arreglar esta situación.