Soldados venezolanos patrullan a las puertas de la central cementera de Cemex en Maracaibo. /REUTERS
Las claves de la operación
El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó a mediados de año la nacionalización de toda la industria cementera, para lo cual abrió un proceso de negociación para la compra de Cemex, responsable de casi de la mitad de las diez toneladas anuales de cemento producido en Venezuela, de la francesa Lafarge y la suiza Holcim, que se reparten en partes iguales el resto de la producción.
El Gobierno de Venezuela negoció con éxito la adquisición del 89% de las acciones de la filial de la empresa francesa por 257 millones de dólares, así como el 85% de la suiza por otros 572 millones de dólares.
Según el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizalez, con la mexicana no hubo acuerdo "debido a que la cifra solicitada por Cemex es muy alta, muy por encima de los 1.300 millones de dólares".
La empresa mexicana fue creada en Monterrey, norte de México, en 1906 y actualmente opera en más de 50 países con ventas anuales promedio de 15.000 millones de dólares. Sus instalaciones en Venezuela representan el tres por ciento de las operaciones mundiales del grupo.
La noticia de la
expropiación de la filial venezolana de Cemex, una empresa mejicana, ha provocado la reacción de los diputados mejicanos y ha llevado al Gobierno de Calderón a manifestarse al repecto. El Ejecutivo mejicano ha mostrado su apoyo a la empresa Cemex en su reclamo de continuar las negociaciones con las autoridades de Venezuela sin "trato discriminatorio" y "conforme al marco legal".
"El Gobierno de México ha manifestado formalmente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su respaldo a la petición de la empresa para que continúen las negociaciones sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura y conforme al marco legal aplicable", según un comunicado de la cancillería.
La nota se produce horas después de que el embajador de México en Venezuela, Mario Chacón, denunciara "un trato discriminatorio" del Gobierno de Venezuela con la expropiación de Cemex: "Consideramos que ha habido un trato discriminatorio con Cemex y no entendemos por qué", ha declarado el diplomático al diario El Nacional.
Críticas al doble rasero de Chávez
Ante esta situación, diputados mexicanos, tanto oficialistas como de la oposición, han realizado un llamamiento al Gobierno del presidente Felipe Calderón para actuar con prudencia y evitar que la nacionalización de los activos de Cemex en Venezuela tense la relación con ese país.
Alejandro Landero, del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN), ha valorado que es lamentable no haber alcanzado un acuerdo para nacionalizar los activos de Cemex, a diferencia de las empresas Holcim y Lafarge, que lograron pactar un precio de venta: "Me parece que es una acción que, si bien desde abril se tenía noticia, causa sorpresa dado el carácter de las relaciones que el presidente Calderón ha tratado de establecer con Chávez".
Landero, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Diputados, ha lamentado que el precio ofertado por Cemex por parte del Gobierno venezolano no haya cubierto las expectativas que tenía la empresa mexicana. El diputado critica que el caso refleja un "doble discurso", al indicar que Venezuela habla de un "hermanamiento de naciones latinoamericanas", y, por otro lado, se abre un proceso expropiatorio contra Cemex.
Además, ha aconsejado al Gobierno de su país que vaya "con cuidado" y "tino", y mantenga el diálogo, tras considerar que Chávez podría utilizar la situación para "seguir golpeando a otras empresas mexicanas si hay una ruptura de relaciones más fuerte" con un país donde, en su opinión, hay "poca certeza jurídica".