PROVINCIA

EL DATO
Los jueces de lo Social se ven ya lo que, en términos de la propia judicatura, se conoce como saturados o desbordados. En el epicentro de la crisis económica, que se ceba especialmente en la construcción y en todos los subsectores anexos, los juzgados de asuntos laborales de los palacios de Justicia de Alicante y Elche tramitan a día de hoy diez veces más despidos por causa objetiva que hace apenas dos meses, lo que demuestra la intensificación de la recesión económica.
Francisco Javier Méndez Jara, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante y provincia, un colectivo que hace bueno el refranero por aquello de que no hay mal que por bien no venga, informó ayer a este diario de que lo normal en esta provincia era la tramitación judicial de cuatro a cinco despidos objetivos al mes. Ahora se registran entre ocho o diez casos, pero a la semana.
Los seiscientos graduados sociales son de los pocos profesionales que se ven beneficiados por la crisis del mercado laboral alicantino y en consecuencia por la crisis económica en general. No ha llegado al punto de tener que aumentar sus plantillas, pero sí que aseguran que han ampliado e intensificado sus jornadas de trabajo, ya que «hasta el propio Ministerio de Trabajo admite que asesoramos al 85% de las pequeños y medianas empresas». Los graduados sociales asisten a las pymes en asuntos relativos a los expedientes de regulación de empleo, los despidos objetivos individuales, los de tipo disciplinario, los aplazamientos de pagos de cuotas empresariales a la Seguridad Social o los impagos de dichas cuotas.
Amortizar puestos
El Colegio de Graduados Sociales ha constatado que la multiplicación de los despidos objetivos se debe a que la empresa puede amortizar puestos laborales, como prevé la legislación, cuando tiene una necesidad objetivamente acreditada y es en número inferior al establecido para el supuesto del despido colectivo. Se acredita por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En el último caso, la decisión empresarial debe justificarse con una determinada finalidad, como la superación de una coyuntura adversa o de crisis o la superación de dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa, como competitividad o exigencias de la demanda.
Es decir, los empresarios que se acogen a esta fórmula, que son de los sectores de la construcción y de la industria, preferentemente, según explicó ayer Méndez Jara, no pueden despedir a más del 10% cuando el número de trabajadores oscile entre 100 y 300.
Los graduados sociales admiten que «ahora tenemos muchísimo trabajo, pero es un trabajo desagradable; aunque tratamos de ser una bisagra, en demasiadas ocasiones las reducciones de plantillas son inevitables». Se refiere a que el colectivo «hace las veces de padre y madre de la empresa, ya que hacemos las gestiones para su creación, las vemos crecer y, muchas veces, las vemos morir, lo que a nosotros también nos produce enfermedad», explica gráficamente Francisco Javier Méndez Jara.
Al ser preguntado por si la crisis se puede aún prolongar más, el presidente del colectivo profesional que gestiona los asuntos laborales afirma tajante: «El paro se va a agudizar en la provincia en septiembre, porque muchas empresas van a aprovechar las vacaciones de agosto para cerrar y no abrir más». Asegura que los casos más numerosos se van a producir en pequeñas constructoras o filiales del sector inmobiliario.
«No soy pesimista, sino realista, porque todas las crisis son cíclicas», subraya Méndez Jara. Extrae una conclusión positiva y es que la actual recesión tendrá un efecto de selección natural sobre las empresas de tipo «fantasma» que han nacido «al rebufo del boom de la construcción». «Tocaremos fondo, creo», sentencia el presidente de los graduados sociales, los profesionales con más actividad en tiempos de crisis.















