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Una solución planteada es crear una cooperativa para construir y gestionar una nueva instalación Aún no ha sido comunicada la orden de clausura, pero nadie duda de que llegará
04.07.08 -

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Los clientes del matadero asumen el cierre y el traslado de la actividad a Orihuela
POLÉMICA. Acceso principal al matadero de Alicante. / D. MADRIGAL
Los usuarios del matadero de Alicante asumen ya el inminente cierre de las instalaciones situadas en Agua Amarga, decisión de Sanidad desvelada por este diario, y el traslado de la actividad a Orihuela. La capital de la Vega Baja es el único municipio que dispone de una instalación de este tipo en la provincia.

A raíz de las informaciones que La Verdad viene ofreciendo sobre este asunto, el presidente de la Asociaciones de Concesionarios de Mercados Municipales de Alicante, Domingo Martínez, recogió la inquietud de los compañeros afectados y organizó, con la colaboración del Ayuntamiento, una reunión con la empresa concesionaria del servicio y representantes de la Conselleria de Sanidad. El encuentro se celebró ayer en las instalaciones del Mercado Central.

Martínez reconoce que, a corto plazo, no hay más salida que el traslado a Orihuela. Durante la reunión hubo quien planteó la posibilidad de constituir una cooperativa entre usuarios del matadero, para construir y gestionar una nueva instalación. Esta solución podría ser una realidad a largo plazo, aunque su viabilidad está por estudiar, y, sin embargo, la clausura es inminente.

Tal y como se ha venido publicando, la Conselleria de Sanidad comunicará en breve a la empresa concesionaria del servicio de matadero de Alicante la orden de cierre. Los principales argumentos están relacionadas con la falta de mantenimiento de la infraestructura, no con el tratamiento directo de los animales. Sanidad ya advirtió hace tiempo de la necesidad de realizar una serie de reformas, que, según Domingo Martínez, «no se han efectuado en su totalidad».

La mercantil afirma que no puede hacer frente a los gastos necesarios, pero, sobre todo, asegura que no tiene garantías de que las reformas exigidas sean definitivas. Es decir, teme que nuevas modificaciones de las normativas obliguen a realizar otras inversiones.

En cualquier caso, Domingo Martínez se ha comprometido a apoyar en la medida de sus posibilidades cualquier iniciativa. Una vez llegue la orden de clausura, se estudiará si hay algún plazo todavía para alegar, de forma que se pueda ganar tiempo para facilitar el traslado progresivo de la actividad a Orihuela, donde habrá que reorganizar el servicio para evitar la «aglomeración» de usuarios.
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