El ministro de Economía y el partido que sustenta al Gobierno han restado importancia al incremento de la morosidad, de la misma forma que hace sistemáticamente Zapatero con la crisis económica, como si de este modo los efectos fuesen menores. Décima a décima, mes a mes, la tasa de impagados ha ido escalando desde el 0,67% hace un año al 1,61% de ahora y, probablemente, se situará por encima del 2% a final del 2008.

No, la cifra aún no es alarmante, es mucho más baja que la soportada por la mayoría de los países vecinos, aunque el deterioro es más acelerado. De cualquier manera, resulta el momento adecuado para que el vicepresidente Solbes elabore definitivamente una ley de sobreendeudamiento familiar.

No parece suficiente una bajada de tipos, más o menos inmediata, del Banco Central Europeo, posibilidad que alienta el PSOE y a la que se aferra como tabla de salvación de los males económicos. Tampoco la estabilización de los precios del petróleo, árbitro abusivo de la inflación, principal responsable de la caída del consumo familiar y freno de expectativas, sería la panacea, por mucho que la normalización de ambas ayuden a reconducir el panorama.

La necesidad de financiación internacional de las entidades bancarias españolas es ahora bastante elevada (el volumen de créditos concedido por el BCE a bancos y cajas alcanzó casi los 50.000 millones de euros en julio, nuevo máximo histórico) en un momento en el que los mercados mayoristas están prácticamente cerrados como consecuencia de la desconfianza generada a raíz de la crisis subprime.

Ni el Gobierno ni las autonomías pueden tomar demasiadas medidas de efectos inmedatos en una crisis tan general. Tal vez algunas de las aprobadas recientemente para mejorar la situación empresarial y laboral -paso previo a la reducción de las tasas de impagados- comiencen a dar algunos resultados a medio plazo.

El sistema financiero, que lleva varios años de fuerte aprovisionamiento para hacer frente a contingencias, cuenta con un buen colchón de solvencia. Los clientes de las entidades financieras parecen haberlo entendido así y respaldan la gestión del sector con un importante aumento del volumen de depósitos a plazo. No obstante, bancos y cajas están obligados a gestionar con cautela, a ser aún más transparentes en sus actuaciones y a extremar el cuidado de sus operaciones crediticias ante lo incierto del panorama económico-financiero de los próximos meses.