Izquierda Unida instó ayer a los cerca de 7.000 demandantes de vivienda protegida en Albacete a que no acepten el nuevo modelo de viviendas de iniciativa pública privada (VIPP), ya que esta alternativa «supone meter el dinero en el bolsillo a un grupo de promotores, escandalosamente, en Castilla-La Mancha».

El coordinador regional de IU, Cayo Lara, señaló en Albacete que esta formación política se mantendrá «vigilante» para que se salvaguarden los derechos de quienes esperan una vivienda de protección oficial al uso y rechacen la nueva opción planteada por el Gobierno regional, recogida en el decreto publicado el pasado 1 de agosto que modifica el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo.

En rueda de prensa, el representante de IU señaló que el Ejecutivo que encabeza José María Barreda «sigue instalado más cerca de los intereses de un grupo de empresarios que de los trabajadores», y denunció que no se ha presentado ningún plan contra la crisis económica sino «medidas tardías» como la reforma de la Ley de Ordenación Territorial (LOTAU), que según dijo se ha iniciado con más de un año de retraso.

Señaló que el Gobierno regional «persiste en la misma política urbanística causante de la crisis», en un escenario donde según comentó existen «85.000 viviendas sin vender en Castilla-La Mancha». En este sentido, aseguró que las nuevas viviendas VIPP y de precio tasado por las que apuesta el Gobierno regional «están dirigidas a las capas sociales que más recursos económicos tienen», ya que resultan más caras que las protegidas de régimen general y especial.

Cayo Lara lamentó que no se haya recogido «ni una sola» de las propuestas recogidas en las mociones que IU ha presentado en los ayuntamientos para combatir el desempleo en el sector de la construcción, y señaló que las hipotecas «leoninas» y el aumento de la morosidad deben combatirse, a nivel estatal, con medidas que «metan mano» a los beneficios de la banca, insistiendo en que «hay formas de resolver la crisis que no les gustan a los empresarios».

Obra pública

Respecto al impulso a la obra pública como forma de contrarrestar el parón en el sector residencial, el coordinador regional de IU aseguró que el Gobierno regional se está limitando a «acelerar tímidamente la inversión en la obra pública pendiente».

Lara recordó que la situación de crisis en Castilla-La Mancha se refleja en datos objetivos como el aumento del desempleo en la Región, con 1.900 parados más en el mes de julio, y explicó que en sectores como el que se deriva de la Ley de Dependencia «no se está creando el empleo prometido».

A juicio del representante de IU, el Ejecutivo de José María Barreda «no tiene una visión distinta de cómo se tiene que abordar la crisis» porque representa a una «elite social» con salarios que oscilan «entre los 60.000 y los 100.000 euros que son en los que se mueve el alto staff del Gobierno de Castilla-La Mancha».

Igualmente, arremetió contra el «gabinete contra la crisis» del PP, que según dijo «es más un gabinete de ruido que está instalado en el catecismo más rancio y más viejo de la derecha, es decir, en el viejo catecismo de no pagar impuestos».